Referéndum en Irlanda y Ley de la vergüenza en la UE

Irlanda acaba de someter a referéndum el Tratado de Lisboa que viene a sustituir la propuesta de Constitución Europea a la que Francia y Holanda, también en referéndum dijeron no, como ha hecho ahora Irlanda.

Hay quien cuestiona si es democrático que el resultado de un pequeño país afecte a 500 millones de ciudadanos de los otros países comunitarios. Siempre creímos y apoyamos que el grado de democracia se mide por el respeto que se dispense a las minorías.

Lo que cabe cuestionarse, sin embargo, es si una ley, prolija y farragosa para expertos juristas, como la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa o el mismo Estatut de Catalunya, pueden con honradez política –oxímoron– someterse a referéndum, a sabiendas de que la inmensa mayoría de los votantes no habrán leído ni comprendido el texto a cuyo plebiscito se somete, por lo que los ciudadanos se atendrán a las explicaciones interesadas de los agentes sociales que intentarán captar el voto para su postura.

Fue manifiesto que cuando Francia votó la propuesta de Constitución Europea lo hacía en contra de cualquier propuesta del gobierno. Al igual que ha pasado ahora en Irlanda, donde el rechazo al Tratado de Lisboa ha sido en realidad un rechazo a una propuesta gubernamental que va en el sentido de ceder soberanía a la UE. La misma soberanía que ha permitido a Irlanda salir del subdesarrollo mediante la cesión de fondos estructurales comunitarios que han contribuido a la creación de una estructura económica de la que el país carecía, por lo que cada vez estaba más alejada del tren de Europa. Como pasó en España también.

A referéndum hay que someter cuestiones simples y claras, como el próximo que va a celebrarse en Suiza sobre si las personas en edad militar, comprendidas entre los 16 y los 49 años, deben guardar en sus casas el arma y la munición como hasta ahora, o por el contrario, deben ser guardadas arma y munición en los centros militares. La disyuntiva es clara: si o no.

Dudo de la capacidad individual de un sinnúmero de parlamentarios de cualquier cámara de representación popular para desentrañar entre la bondad y la perversidad de una norma jurídica compleja, pero debo conceder aptitud global a los grupos parlamentarios y a los partidos que los sustentan, para discernir entre los puntos fuertes y débiles de una normativa legal habida cuenta de la disciplina de voto que se impone a los diputados, pues en otro caso habría que hacerse adicto a los antipsicóticos.

O se avanza hacia una Europa unida o no. Pero si se decide que sí, no puede hacerse de otra forma que cediendo soberanía individual, para incorporarse a una soberanía global. Así la moneda única o el Banco Central Europeo.

Y se demuestra la contradicción en tal sentido de muchos líderes políticos españoles que se definen europeístas pero no quieren depender de que Francia tenga, por ejemplo, el grifo del agua que llegue a Catalunya. Cuando no solamente tienen desde hace tiempo el interruptor de la luz, sino que va a ponerse uno de mayor potencia, a fin de que entre a raudales la electricidad de Muy Alta Tensión generada directamente en las centrales nucleares del país vecino que aquí abominan imitar; pero se sirven de ella. Y prefieren seguir adquiriendo energías fósiles que vienen la mayoría de ellas de zonas geopolíticas inestables.

Los países comunitarios que aprobaron la redacción del Tratado de Lisboa deberían haber tenido la precaución de convenir también que no se sometería a aprobación individualmente en cada uno de ellos mediante referéndum popular sino en sus cámaras de representación, pues cabía pensar que pudiera suceder lo que ha sucedido en Irlanda, perseverando así la UE en el error, pues este tratado sustituye a lo que Francia y Holanda reprobaron en su día por el mismo procedimiento.

Por otra parte, los 27 países comunitarios proponen y aprueban lo que los contrarios han calificado de Ley de la Vergüenza. La Ley de Retorno de Inmigrantes. Da que pensar que haya habido unanimidad en la aprobación de la normativa, aunque algunos diputados comunitarios hayan individualmente votado en contra, rompiendo así la disciplina de voto de su partido, como Josep Borrell o Raimond Obiols, del PSC-PSOE.

Hay que discurrir un poco como está funcionando el fenómeno de la inmigración ilegal en una Europa sumida en una crisis económica y de identidad.

Si hay un campo de labor que un único labrador prepara para la siembra en 30 días y ponemos a trabajar a otro labrador junto al primero, harán el trabajo en 15 días. Y si ponemos a tres aparceros juntos, el campo estará listo para la siembra en 10 días. Pero esto no es indefinido, pues si tantos labradores ponemos en el mismo campo, se estorbarán unos a otros por la falta de espacio y el campo nunca va a poder estar finalmente listo para ser sembrado. Hay que regular el acceso al trabajo para que todos puedan beneficiarse de él.

En Europa se precisa mano de obra cualificada y sin cualificar también; ya aprenderán y llegarán a ser cualificados los que ahora no lo están. Pero sin una ordenación no hay posibilidad de dar trabajo más que a unos pocos, cuando de una forma planificada podría haber trabajo para muchos más.

Es irresistible el efecto llamada que Europa produce. Los europeos sabemos que dista mucho de ser la tierra de promisión, pero para los que carecen de futuro en sus países de origen, es El Dorado.

¿Pero no debe regularse el flujo migratorio? ¿Papers per a tothom –papeles para todos–, como pedían los que hoy están en el Govern de la Generalitat de Catalunya? Porque ello significa trabajo digno y legalmente remunerado, sanidad, educación, vivienda, etc. ¿Todos los países comunitarios o no puede ofrecer todo ello a toda la inmigración que elija tal opción?

Por no descartar también que entre los inmigrantes que con todo el derecho anhelan un futuro mejor para ellos y sus hijos, hay también unos pocos que cuyo anhelo se centra en huir de la justicia de sus países de origen. ¿Puede acogerse sin distinción a todos los indocumentados que entren en cada país?

Es un flaco favor a la inmigración no regular su acceso a los países más desarrollados porque de otro modo podrán encontrarse en una situación similar o peor que en sus países de origen, sin comida, trabajo ni techo, con el agravante de hallarse en un entorno hostil debido a la diferencia idiomática, cultural y de incomprensión general de la población de acogida. Además de haberse de someter a las mafias para hacer el viaje de forma precaria.

Podrá ser una ley vergonzosa, habrá que esperar a ver como se pone en vigor, pero ha sido aprobada por la unanimidad de los miembros de la UE y a ninguno de ellos se le ha ocurrido someterla a referéndum en su país.