ETA: Una Policy Mix aplicable

Brian Currin es un abogado sudafricano de raza blanca, involucrado en la lucha pro derechos humanos. Fue fundador en 1987 de Lawyers for Human Rights. Durante la transición del apartheid a la igualdad en Sudáfrica, por encargo expreso de Nelson Mandela en 1994, presidió una comisión creada por éste para resolver los casos “difíciles” en los que estaban involucrados personajes de la política de la etapa anterior. Y parece que su habilidad en la mediación de tan sutiles conflictos fue buena para todas las partes que intervinieron en el proceso.

Posteriormente, en 1998, el gobierno británico lo nombró presidente de una comisión creada en Irlanda del Norte tras el Acuerdo de Viernes Santo, para tratar sobre los pactos que debían establecerse en el proceso de pacificación de Irlanda del Norte.

Más tarde trabajó en los procesos de paz en Sri Lanka, Ruanda y Oriente Próximo. Aunque no en todas partes su mediación ha estado exenta de polémica. Como sus propuestas con motivo de la asamblea general extraordinaria de la Orange Lodge of Ireland, el primero de octubre de 2002, en las que ignoró determinadas disposiciones legales que desvirtuaron su argumentación, tales como la Public Order de Irlanda del Norte, de 1987. O la ausencia de un análisis en profundidad de las consecuencias de la Public Processions Act, de 1998, de Irlanda del Norte; la omisión del artículo 9 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos o la ausencia de una referencia a la influencia en los terroristas de los grupos residentes.

Desde hace unos meses se sabe que está asesorando a Batasuna en el llamado proceso de paz del País Vasco.

En una entrevista que concedió Brian Currin a El País (11-XII-2006) explica su experiencia y punto de vista, nada desdeñable, de una persona que ha mediado en tantos conflictos, pues si bien, como apuntamos más arriba, no siempre han sido aceptados plenamente por las partes sus dictámenes, no cabe duda de que su experiencia le confiere una autoridad de opinión que merece la pena ser escuchada.

Dice Currin, por una parte, que es correcto que el gobierno de Zapatero pretenda que toda la solución del conflicto deba hacerse dentro de la ley. También cabe la posibilidad de cambiar la ley, dice. La cosa está en el giro que haya de tomar esa modificación de la ley que puede levantar ampollas, digo yo.

Por otra parte y es una verdad de Perogrullo, conviene Currin que es un error del gobierno, anunciar que no se hará ninguna concesión política. Es claro que nadie puede ir a ningún tipo de negociación poniendo de antemano lo que no está dispuesto a acepar. Como dice Currin, se está limitando de esta forma la movilidad.

En cualquier caso, la idea fundamental de Brian Currin es que hay que negociar. Y puede que no esté falto de razón, pues el sustrato social que mantiene a ETA sólo puede ser diluido en base a una negociación, pues la acción policial y la de la justicia no puede hacer desaparecer ese apoyo popular, más que por la vía del convencimiento: la negociación con ETA.

Sin embargo, una actuación paralela al diálogo y posterior negociación, no puede descartar la actuación policial y de la justicia, pues los crímenes de la banda no han de quedar inmunes ni dejar de ser perseguidos los malhechores por razón de que haya un proceso de diálogo en marcha. Son cosas distintas. Y más, cuando se trata de una banda terrorista cuyos integrantes se han acostumbrado a vivir con cierta holgura y no precisamente del trabajo de su frente, sino de la extorsión normalmente. De ahí que sigan llegando a los empresarios vascos las cartas exigiendo el impuesto revolucionario. Los miembros de la banda también comen cada día y han de pagar el alquiler, haya o no un proceso de diálogo en marcha que puede alargarse indefinidamente en el tiempo.

Y esta actuación conjunta, por un lado el diálogo y la posterior negociación y paralelamente la acción policial y la administración de justicia es lo que se denomina policy mix. Una política mixta de diálogo y actuación de los poderes públicos en el restablecimiento de la normalidad después de la comisión de actos delictivos. Será finalmente el resultado de la negociación el que determine la posibilidad de aplicar ciertas medidas a los presos de ETA que suavicen su estatus legal, como contrapartida al cese definitivo de su actividad criminal.

En cualquiera de los casos, las medidas de gracia o media gracia que la negociación pudiera determinar, no son de ningún modo una afrenta a las víctimas del terrorismo de ETA como algunos intereses políticos insisten, sino la parte que ha de ceder la sociedad en su conjunto para alcanzar la desactivación definitiva de la violencia. Atendido además, que las propias víctimas no buscan una revancha por su sufrimiento y dolor, sino la consecución del mismo fin, cual es acabar con la violencia de ETA.