El coste del ejercicio de los derechos humanos ha de tener límite

En el Mundo Tecnológicamente Desarrollado, en contraposición al Tercer Mundo, pues es claro que ni es el primer mundo ni me atrevo a calificarlo de civilizado o desarrollado mas que tecnológicamente, nos hemos dado un patrón de Derechos Humanos que hemos hecho extensivo a toda la humanidad, en un alarde de solidaridad hipócrita, pues al año mueren de hambre cinco millones de niños en todo el mundo, a los que les hemos reconocido el derecho inalienable a la nutrición, pero que nada se hace a penas a nivel global para remediarlo. Tal parece que tiene mejores réditos invertir los activos en armamento para la guerra, en lugar de destinarlos al pan para la infancia.

Sin embargo, algunos gobiernos con cierta sensibilidad de conciencia social, tirarían la casa por la ventana para favorecer que los derechos humanos, de al menos un sector de la población, no encontrasen límites a su ejercicio, con los recursos económicos auspiciados por los contribuyentes, naturalmente, muchos de los cuales tiene dificultades a su vez, para ejercer algunos de tales derechos con similar plenitud que los supuestamente desfavorecidos.

Centremos este asunto en la comunidad autónoma catalana, con su flamante y controvertido Estatut, pero ya plenamente vigente por haber sido votado favorablemente en referendo público por una mayoría abrumadora de los que acudieron a votar, aunque el soporte a su aceptación fuera únicamente del 35% del censo electoral (si hubiera más que no lo querían que hubiesen ido a votar).

En Catalunya gobierna una “entesa” de tres partidos que significa un acuerdo político amistoso revisable que no implica una alianza o tratado, pero que ahí está. En la anterior legislatura estaban los mismos, pero se llamaba tripartito. Los mismos que están en el ayuntamiento de Barcelona, desde que Clos fue incapaz de conseguir una mayoría absoluta del PSC.

Uno de estos tres partidos es ICV-EUIA (Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa) formado por un numeroso grupo de partidos políticos provenientes del comunismo y reciclados a ecologistas que tiene, tanto en la Entesa como en el ayuntamiento, un peso ideológico significativo, como de voz de la conciencia o Pepito Grillo.

Los gobiernos de la Generalitat Catalana anteriores al Tripartito, también propiciaron el asimétrico ejercicio de los derechos humanos, por discriminación positiva de los inmigrantes de zonas del mundo subdesarrolladas, básicamente de Latinoamérica que desconocen la existencia de tales derechos humanos en sus países de origen, pero que en cuanto los descubren en Catalunya y aprenden los mecanismos para ejercerlos, aunque no hablen catalán, los ejercen con fruición y sin límite.

Lo cierto es que la ausencia de documentos legales de identificación, no impide que sean beneficiarios de todos los derechos, por el mero hecho de estar empadronados en Catalunya. Derechos básicos desconocidos en sus países de procedencia y aquí ejercidos con soberanía en perjuicio en muchos casos, de quienes están costeando con su esfuerzo, las arcas públicas donde se carga el usufructo de derechos humanos básicos y los no tan básicos.

¿Cuando no hay recursos suficientes para atender los derechos de los paisanos, sanidad, educación, vivienda, etc., deben atenderse también sin límite los de los inmigrantes que no contribuyen a su sustento ni aún muchos de ellos que obtienen ingresos por su trabajo? Todos tenemos derecho a una vivienda digna ¿pero ha de estar esa vivienda en un barrio de alto estanding? ¿Cómo ha de establecerse el censo de los que tienen derecho a la vivienda? ¿Cómo se controla su justa aplicación? ¿Sólo ha de proporcionárseles a los que no tienen nada o hay que ayudar también en parte a los que con su esfuerzo están pagando ya una vivienda?

¿Hay que prestar sanidad no sólo básica, sino superior a los que llegan, intercalándolos con los paisanos aunque se perjudique con ello el ejercicio del derecho a la sanidad de éstos últimos con listas de espera más largas?

¿Dónde está el límite? ¿Hay un límite? ¿O todo vale? ¿Hasta la okupación, como propugnan los de ICV-EUIA? El presidente de esta formación política, Joan Saura, Consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Catalunya, es pareja estable de la cabeza del mismo partido en el ayuntamiento de Barcelona, Imma Mayol que se declara antisistema y habla de una okupación buena y otra que no lo es. Soberbio. Él, por su parte, aboga por la legalización de todas las drogas. Menuda ironía, sabiendo que el CatSalut, nombre comercial del Servei Català de la Salut, en su primer nivel de prestaciones sanitarias, cubre a todos los ciudadanos que no estén afiliados a la SS ni hayan solicitado asistencia sanitaria, tengan o no recursos económicos y les cubre la atención a la drogodependencia y la atención al sida que son los grupos de atención sanitaria que suponen un mayor gasto. Y está abierto a todos los ciudadanos del mundo que se empadronen en Catalunya.

Pero quién paga todo esto. ¿Puede permitirse un país afrontar ese gasto aún en detrimento del servicio a sus paisanos que lo costean? ¿No debería haber una gradación en el ejercicio de los derechos humanos de los inmigrantes cuando el país no puede pagar todo eso sin menoscabo de la calidad del servicio que padecen entonces los paisanos? Podría comenzarse con los derechos básicos y en la medida de la integración del individuo en el país de acogida y su contribución al erario público, equiparar entonces el ejercicio de los derechos. Porque si por la vía de la reagrupación familiar, pongamos por caso, llegan los parientes del inmigrante para someterse a las operaciones quirúrgicas que la sanidad pública de su país de procedencia no le cubre y aquí se les intercala en las listas de espera, en nada contribuye esta frecuente práctica, a fomentar y propiciar la integración de los recién llegados entre los que les costean el ejercicio del derecho a la sanidad.

Es de bien nacidos atender al menesteroso, pero la solidaridad debida ha de tener un marco de actuación, para no convertirnos en pródigos y agotar la fuente de todos los subsidios. Porque en derechos humanos, los inmigrantes pasan de cero a cien al llegar a Catalunya, con sólo figurar en el padrón de habitantes. Y no todos los paisanos llevan esa velocidad de crucero en sus derechos.

Es manifiesto pues que no hay una política de inmigración justa, tanto para los inmigrantes, muchos de los cuales no obtienen ni sus derechos humanos básicos ni para tantos paisanos que a penas reciben una contraprestación del Estado adecuada al esfuerzo de su contribución y ven como una parte considerable de lo que ellos consideran suyo, se destina a otro grupo humano, tan heredero de la tierra como ellos, pero mal gestionado por sus dirigentes.