¡Grande, Marlaska!

Fernando Grande-Marlaska es juez instructor de la Audiencia Nacional. Eso significa que es quien instruye las causas que le son asignadas. Como por ejemplo, las relativas a terrorismo, como así lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial que determina que han de ser vistas en la Audiencia Nacional con exclusividad, porque es un juzgado especialista -experto- que no especial.

Instruir una causa es investigar, indagar o poner en claro lo que hay de cierto -o con apariencia de certeza- en tal causa, a fin de determinar si, de los indicios claros de delito que es lo que lleva a abrir un procedimiento, se desprende un presunto delito que deberá ser juzgado por un juez distinto del instructor, para evitar que de la investigación del caso -instrucción- el propio juez instructor pudiera quedar “contaminado” y su juicio fuera poco imparcial.

Un instructor, como Grande-Marlaska ha de tratar de esclarecer y aportar pruebas documentales, testimonios y evidencias para que la causa pueda, en su caso, ir a juicio.

En el caso de los empresarios vascos citados recientemente por el juez instructor Grande-Marlaska sobre el asunto de las cartas de extorsión de ETA -impuesto revolucionario- es su obligación tratar de descubrir si los empresarios cedieron a la extorsión y pagaron o, tal vez, amparados en una supuesta extorsión, colaboraron voluntariamente en la financiación de la banda terrorista.

La ley prohíbe ceder a la extorsión y si la sociedad quiere compadecerse de los extorsionados que acaban financiando las actividades terroristas de la banda que propongan una modificación de la ley en tal sentido. Y los jueces aplicarán la ley como haya salido de las Cortes Españolas.

Pero es que, según la prensa, dos empresarios navarros han donado dinero voluntariamente a ETA con tal que se destinara al proceso de paz. La pregunta que surge es quién decide el capítulo del proceso de paz al que se destinan tales fondos. ¿Los empresarios que han pagado con su mejor voluntad o los etarras que quieren subsistir hasta el fin de las negociaciones de paz? ¿Se invertirá el dinero en gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los terroristas que participen en las conversaciones del proceso de paz o se invertirá en investigación, desarrollo e innovación del armamento del que por el momento ETA no se desprende? Para acometer el proceso de paz, ETA no ha dicho que vaya a dejar las armas; será porque piensan ponerlas sobre la mesa de negociación para mayor contundencia de sus argumentos ¿no? Pues en otro caso no se entiende que no dejen las armas antes de iniciar las conversaciones.

Xavier Arzallus reconoció ayer en su declaración ante el juez Grande-Marlaska que personas del PNV intermediaron entre empresarios extorsionados y ETA. No sé qué opinión tendrá Arzallus sobre tal mediación, pero lo que dijo a la prensa a su salida de la Audiencia Nacional no tiene desperdicio y nada que ver con el reconocimiento que le hizo al juez sobre la intervención del PNV con las cartas del impuesto revolucionario.

Dijo Xavier Arzallus -ya se nos habían olvidado sus alocuciones preñadas de animadversión- que podría haber llegado la hora de impugnar la Constitución y desobedecerla. Se queda uno perplejo ante exabruptos de semejante tamaño, venidos del que fue presidente del principal partido político de Euskadi.

Razón de más, entonces, para que el juez instructor deje claro si contribuciones dinerarias de empresarios vascos fueron forzadas o también las hubo voluntarias y enmascaradas en la extorsión generalizada.

Recordemos que a Mario Conde lo invistió doctor honoris causa una universidad española -mejor no recordar cuál fue- y ahora está en la cárcel por ladrón. También Luis Roldán parecía una bellísima persona y ahí está también por adueñarse del dinero ajeno. Los jueces instructores han de hacer su trabajo sin contaminar el ambiente y dejar luego que otro distinto juzgue la causa y aplique o no en sus conclusiones, auto o sentencia, las circunstancias sociales o marco político a que haya lugar. Cual es el proceso de paz hoy.