Adoctrinamiento sin límites

El Govern de Catalunya, en su reunión del pasado 3 de noviembre de 2009, entre otros tomó el acuerdo siguiente: Conceder una subvención de 600.000 euros al Consorci Local i Comarcal de Comunicació (CLCC) para financiar diversas actividades, como la contratación del servicio de contenidos audiovisuales en catalán a través de las redes IP o la contratación de contenidos audiovisuales en catalán para ser distribuidos vía IP a las televisiones de proximidad.

El 23 de octubre de 1998 nace el CLCC, una entidad con personalidad jurídica propia, impulsada por las Diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona e integrada por diversos ayuntamientos y Consejos Comarcales de todas partes del territorio, como dice en su propia Web.

El CLCC se plantea como objetivo principal convertirse en uno de los elementos dinamizadores clave del espacio comunicativo catalán de proximidad, al que aporta servicios para crear y optimizar estructuras informativas de producción, de implantación de nuevas tecnologías, de comercialización, de formación y de análisis. Todo con una idea común: potenciar y difundir la catalanidad y la lengua catalana en todo su dominio lingüístico (SIC).

El 8 de enero de 1999, el CLCC crea Intracatalònia, S.A. y con ella su principal proyecto: la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Se trata de una de las primeras iniciativas europeas, pionera en España que utiliza Internet para servir noticias de texto, imágenes y documentos sonoros. Pero además se trata de la primera agencia de noticias en catalán.

La evolución accionarial de Intracatalònia explica su progreso: el 5 de octubre de 2000 entran en la sociedad las empresas Inversiones Hemisferio (Grupo Planeta) y Invercartera (Caixa de Catalunya); el 30 de julio de 2002 TVC Multimedia (Corporació Catalana de Radio y Televisión; la TV y radio públicos) adquiere el 51% de las acciones, repartiéndose el resto de socios el 49% restante. Y en mayo de 2005 la Junta General de Accionistas acuerda una reducción de capital y una posterior ampliación a la que solamente acude TVC Multimedia. O sea, la típica operación acordeón como forma de ajustar las pérdidas al capital para no entrar en proceso legal de disolución.

En los Presupuestos Generales de la Generalitat de Catalunya para 2009, TVC Multimedia aparece con un Patrimonio Total Neto estimado a 31 de diciembre de 2008 de 6,9 millones de euros y se prevé que este capítulo a finales de 2009 arroje una cifra de 6,5 millones. El Resultado del Ejercicio a la hora de confeccionar los presupuestos de 2009 se preveía de 329.588,00 negativos y los de final de 2009 de 1,1 millones de euros negativos también.

Todo parece indicar y el acuerdo de gobierno lo ratifica que las cifras de explotación son mucho peores de las prevista, razón por la que el Govern concede a CLCC, una subvención de 600.000 euros para que lleguen a final de año de forma menos horrorosa de la prevista.

Pero a qué se dedica la CLCC si no es al adoctrinamiento de la catalanidad como afirma en su misión, a base de producir y difundir noticias y material audiovisual para las televisiones y radios de proximidad; o sea, las de los pueblos, cuyas emisoras no disponen de recursos humanos, económicos ni financieros para acceder a la actualidad informativa que proveen las agencias de noticias. Así, se perfecciona la idea común de la unidad de información y adoctrinamiento en definitiva. Todo se filtra y confecciona a través del monocromo tamizador de la información, en la lengua común, el catalán, haciendo abstracción de la cooficialidad del castellano.

Y así va el país que cuando en el seno de su Parlament recibe a una delegación de Nicaragua, ha de contratar traductores de catalán a nicaragüense y viceversa, en lugar de aplicar el sentido común y la cooficialidad del castellano que es lo que hablan los nicas. Y el presidente del Parlament, Ernest Benach, del que no se conoce si dispone ya del CEP (Certificado de Estudios Primarios) artífice del desaguisado traductor, se escandaliza por esos “1.000 puñeteros euros” que costó la traducción simultánea. El mismo Benach que se tuneaba el coche oficial con el dinero de los contribuyentes. Da que pensar que personajes así gobiernen un país.

En resumidas cuentas que en plena crisis y con una partida en los Presupuestos de la Generalitat para 2009 de 857,2 millones de euros para “la sociedad de la información y conocimiento y telecomunicaciones”, haya que añadir una subvención de otros 600.000 directamente al CLCC para que siga su labor de adoctrinamiento de proximidad, nos parece simplemente otro despropósito que propicia mayor desafección de la política y alimenta el clamor popular por una ley electoral auténticamente democrática, moderna y audaz, de la que hoy Catalunya carece, por lo que se rige por la española, pues a los aviesos objetivos de los partidos políticos catalanes ya les está bien.

Corrupción; plusvalías ficticias

El texto del auto del juez Garzón del 30 de octubre sobre la operación anticorrupción en Catalunya, es un tratado de cómo se generan plusvalías ficticias de terrenos, a base de corrupción urbanística para sustraer el posible beneficio del ayuntamiento en aras del enriquecimiento ilícito de políticos y parapolíticos sin escrúpulos, presas de la desmedida codicia de quien se cree dueño de los tortuosos resortes administrativos para la recalificación del área urbana.

En efecto, como si del método del caso se tratara, cual escuela de negocios, Garzón va desgranando el procedimiento por el que los ahora procesados fueron consiguiendo voluntades en al ámbito político y público a favor de sus “clientes” o empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes.

Pero a diferencia de los casos que se estudian en las escuelas de negocios de todo el mundo, en el auto de Garzón los nombres y apellidos corresponden a personas reales, empresas reales y ayuntamientos reales dominados por la trama urdida por estos presuntos bellacos que se han embolsado de forma ilegítima y vergonzosa cantidades de dinero que oscilan, a datos de hoy, alrededor de los 45 millones de euros, según el repetido auto.

La trama es de tal envergadura que deja constancia de la voluntad de delinquir, al ramificar su actividad espuria desde Santa Coloma de Gramenet y otras localidades de Catalunya a Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal, Islas Madeira y Caimán.

La mecánica desarrollada es de una simpleza extrema: Se establece un proyecto urbanístico y se hace creer a los promotores interesados en ejecutarlo que con posterioridad a la adjudicación se va a modificar en su beneficio, pues en otro caso no se explicaría la constitución de sociedades para desarrollar el plan y la adquisición de los terrenos y una vez adjudicados indican que no es viable económicamente. Y el ayuntamiento dice que no puede modificarse, contrariamente, sin lugar a dudas, como hicieron creer a los oportunistas adjudicatarios que creyeron contar con información privilegiada.

Así las cosas, los adjudicatarios venden las acciones de la empresa adjudicataria a las sociedades vinculadas a los integrantes de la trama defraudadora quienes consiguen, por ejemplo en el caso denominado “Operación Pallaresa” (Santa Coloma de Gramenet, 2001-2005) la aprobación de una modificación del plan, consistente en una disminución de la superficie comercial y la dedicada a vivienda protegida para destinarlas de forma significativa y con mucho mayor beneficio para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en tan sólo 9 días.

Esta única operación produjo un beneficio de 13 millones de euros para los procesados. Dinero que hubiese debido generar el propio ayuntamiento y fue a parar a los hondos bolsillos de los sospechosos defraudadores.

En 2007 la Sindicatura de Comptes, institución encargada de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable del sector público catalán, elevó un informe al Parlament de Catalunya, advirtiendo de irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Ninguna formación política consideró oportuno debatir el asunto.

Ahora, al destaparse esta trama, la Mesa del Parlament considera que no es de su competencia el control de los ayuntamientos, cuando el propio Parlament acaba de aprobar con sangre, sudor y lágrimas, la creación de la Oficina Antifraude, para fiscalizar al gobierno de Catalunya y a todas las instituciones públicas, incluidos los ayuntamientos, en una clara superposición de las funciones de la propia Sindicatura de Comptes y la Sindicatura de Greuges o defensor del pueblo catalán.

En el prolijo informe 7/2007 de 122 páginas se describen detalladamente una serie de irregularidades en la gestión municipal que ponen de manifiesto “graves deficiencias en la elaboración, contabilización y control de los expedientes de obras”. Adjudicaciones de obras sin crédito. Un expediente de suplementos de créditos es aprobado por decreto del teniente de alcalde cuando tendría que ser aprobado por el Pleno. En los ejercicios de 2002 a 2004 se han efectuado gastos sin crédito por un importe aproximado de 2.668.815 euros. Encargos a la empresa municipal posteriores a la selección del contratista. Desviación del presupuesto de encargo hasta tres veces el importe inicial. Pagos de obras mediante permutas con informe en contra de la Generalitat. No liquidación en las expropiaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Irregularidades en la contratación y retribución del personal, etc.

En el punto 3 (página 88) de las Alegaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma al borrador del informe, se dice: “(…) sorprende fuertemente la calificación que se hace en algunos casos de los hechos en el sentido de insinuar que se podrían derivar responsabilidades contables.” Y más adelante se lee: “En este sentido y de acuerdo con la información pública que hemos podido consultar, sólo nos consta que se hayan hecho estas calificaciones en casos muy excepcionales siempre relacionados con la apropiación indebida o malversación (alcance).”

Ciertamente, la Sindicatura de Comptes fue muy consciente de lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, pero a ningún partido político le interesó el asunto. Y ahora se echan las manos a la cabeza farisaicamente.

Duro golpe también este asunto y el del caso del Palau de la Música, a las justificaciones de independentistas catalanes, cuando afirman que no ha de venir un ente externo (como la Audiencia Nacional o la Fiscalía de la Agencia Tributaria) a inmiscuirse en los asuntos internos de Catalunya. Pero sucede que los entes reguladores catalanes incumplen flagrantemente su misión al soslayar asuntos como el contenido en el informe de la Sindicatura de Comptes o en la vigilancia debida a entidades y gestores de importantes subvenciones públicas.

Está bien la descentralización y un mayor autogobierno de las autonomías siempre que sus dirigentes sean capaces de asumir sus responsabilidades, cosa que sigue lejos de ser manifiesta.