Ilegales y derechos ¿Quién paga?

La población de Vic ha decidido no empadronar a inmigrantes ilegales. Visto así, parece una postura coherente. El Ayuntamiento ha iniciado esta política y la ciudadanía le está dando su apoyo. Será que han sabido oír a sus conciudadanos.

La ley de extranjería española, ha estado tan manida que no deja de ser una normativa llena de contradicciones. Por una parte se pretende dar acogida a todos los inmigrantes y por la otra se ponen determinadas cortapisas que no casan con otras disposiciones. Y como siempre en este país, los ayuntamientos están al margen de todo y han de limitarse a obedecer y a callar para recibir las migajas de los Presupuestos. Y ahora, con la movida de los últimos escándalos urbanísticos y más que por los escándalos, por la entrada en prisión de personas presuntamente honorables hasta ese momento, ha propiciado que la fuente de ingresos principal de las corporaciones locales y causa necesaria del incremento desmesurado de la vivienda, se haya reducido tan sensiblemente que los ayuntamientos están empezando a tomarse la soberanía por su cuenta.

No hace falta ser un experto jurista para entender que si un inmigrante tiene la calificación de ilegal por carecer de papeles, no puede ser empadronado como un residente. Otra cosa es que la ley lo contemple. Pero también contempla otras incoherencias.

Hace casi tres años (12-II-2007), en esta misma columna, ya tratamos el asunto del coste de los derechos humanos a aplicar a los inmigrantes. Este país no es Jauja y estamos en plena crisis, de la que por ahora no saldremos por obra y gracia del presidente del gobierno; más bien, por no obrar –más que en el peor de los sentidos– y para desgracia nuestra.

Los ciudadanos de este país que no pueden ya pagar sus impuestos que el propio Gobierno va a aumentar en los próximos meses; no pueden abordar más gastos, porque, entre otras cosas, casi la quinta parte de los trabajadores carecen de un empleo. Y en tales circunstancias, la solidaridad y la cooperación comienzan por uno mismo. Si no puedo cubrir mis derechos humanos, cómo destinar un dinero que no tenemos a satisfacer los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular en España. Y en tanto su situación sea irregular, no puede regularizarse a medias para que tengan acceso universal a la sanidad pública que pagamos a duras penas los de aquí.

Por mucho que uno desee hacer el bien, ha de estar en circunstancia de poder hacerlo. No puede realizarse una relación simbiótica si una de las partes, la que ha de aportar el servicio fundamental a la que ha de recibirlo, carece los medios para hacerlo.

Tarde o temprano habrá que dejar de estirar más el brazo que la manga. Pero sobre todo, dejar de decir que se hará aquello para lo que no hay posibilidades materiales de hacer. Y como al final acaba todo recayendo en la ciudadanía, ésta, en Vic, ha dicho basta. El Ayuntamiento así lo ha entendido y han dejado de empadronar a los inmigrantes ilegales, pues por mucho que los políticos se empeñen, porque ellos no se han visto afectados por la crisis pues no saben lo que es más que por lo que la prensa publica, los pagadores de impuestos han decidido echar el freno a tanto desmán. No se lo reprocho.

Los conflictos con la inmigración que nada tienen que ver con la xenofobia, vienen propiciados por la clase política que acaba por aplicar una discriminación positiva a los visitantes en perjuicio de los locales, aún y con no saber quién son, de dónde proceden y por qué causa han llegado a España, dándoles más crédito en ocasiones que a los propios conciudadanos que aportan certificados de estudios y experiencia probada. Y algunos puestos de trabajo se van a los inmigrantes confiando tan sólo en su palabra.

Lo mismo sucede con los servicios sociales. Los legisladores en su miopía migratoria no saben como abordar el problema del incremento constante de población que no tiene correspondencia en el incremento de tales servicios. Los políticos que quieren parecer enrollados y a favor de la causa populista de la inmigración, en lugar de hacer su trabajo acaban por perjudicar a quienes les votan o no, pero sí que pagan sus impuestos.

Todos quisieran ser generosos, pero tan sólo pueden serlo aquellos que tienen algo para compartir.