Honduras; fin de la crisis

Se celebraron las elecciones generales en Honduras el pasado domingo y al decir de algún corresponsal de la prensa española que semanas anteriores prácticamente sólo tenía ojos y oídos para Zelaya en su encierro voluntario en la embajada de Brasil, los comicios se han celebrado más como si de Suiza se tratara que de Afganistán, como había pronosticado el depuesto Mel Zelaya.

Al parecer, la participación ciudadana en el proceso electoral, en contra de la abstención apremiada por Zelaya, ha sido superior a la de 2005 en la que salió elegido presidente el propio Zelaya. La cual cosa confirma el deseo de los hondureños de acabar con la crisis y dejar manifiesto que la inmensa mayoría está en contra de lo que tramó Zelaya para constituirse en presidente vitalicio, lo que le llevó a ser destituido por el Congreso Nacional, no en un acto de golpe de estado sino en aplicación de la Constitución que establece que ni el presidente de la república ni los diputados pueden optar a la reelección de sus cargos; menos aún ser vitalicios.

Se pregunta uno qué clase de golpe de estado es el que celebra las elecciones según el mandato del Tribunal Supremo Electoral, institución autónoma e independiente con jurisdicción y competencia en todo el país, encargado por la Constitución de acuerdo con su artículo 51 de todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales.

En efecto, en su Acuerdo Nº 013-2009 de 28 de mayo, publicado al día siguiente en La Gaceta, diario oficial de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral, a tenor de lo que establece el artículo 169 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por el que las Elecciones Generales deben realizarse el último domingo de noviembre del año anterior a aquel en que finaliza el período constitucional, a los efectos el 29 de noviembre de 2009, las convoca.

Por lo que el Tribunal Supremo Electoral convocó el 28 de mayo de 2009 a la ciudadanía hondureña a las Elecciones Generales para elegir Presidente y 3 Designadas o Designados a la Presidencia de la República; 20 Diputadas Y Diputados Propietarios [titulares] al Parlamento Centroamericano y sus respectivos suplentes; 128 Diputadas y Diputados Propietarios y sus respectivos suplentes para integrar el Congreso Nacional y a los miembros de las 298 Corporaciones Municipales del país.

Manuel Zelaya, a la sazón Presidente electo de la República, se había empecinado en convocar un plebiscito para el 28 de junio, por el que se postulaba como presidente vitalicio a lo Hugo Chávez y con su soporte, contrariamente a lo que establece la Constitución; razón por la que finalmente fue destituido en esa fecha por el Congreso Nacional. Y de acuerdo con la misma Constitución, ocupó la Presidencia Roberto Micheletti Baín, entonces Presidente del Congreso, del propio partido de Zelaya, el Liberal (PLH).

Hasta la celebración de las elecciones el pasado domingo, todo el proceso electoral ha sido respetado escrupulosamente por el gobierno de facto.

Su actuación ha sido finalmente reconocida por los EEUU y la Casa Blanca ha hecho público que reconocerán los resultados electorales. Al igual que Francia y Alemania y otros en Europa. Como también Panamá, Costa Rica, Colombia y Perú.

No deja de sorprender el Presidente de Ecuador, Rafael Correa cuando afirma que “no puede validarse lo del pasado domingo en Honduras [las Elecciones Generales] porque sería un precedente funesto, porque mañana, cualquier aventurero daría un golpe de estado, en dos o tres meses llama a elecciones y no pasó absolutamente nada.” Desconociendo, queremos creer, que la convocatoria fue hecha en forma constitucional y muy anterior a la crisis del 28 de junio.

España sigue tocando el violón al son que marca Zapatero; tal vez porque no sabe que Obama reconoce el resultado. Decisión esta protestada por Mel Zelaya en carta de fecha 14 de noviembre con membrete de la Presidencia de la República, al propio Barack Obama, en la que le afea el cambio de decisión de los EEUU al respecto de la situación política en Honduras.

España tiene mucha mayor dependencia económica de Brasil y Venezuela que siguen prestando soporte al depuesto Manuel Zelaya.

En cualquier caso, Porfirio Lobo Sosa, líder del Partido Nacional, obtiene una amplia mayoría absoluta con un 56% de los votos emitidos. Su inmediato seguidor, Elvin Santos, del Partido Liberal, el de Zelaya y Micheletti, obtiene el 38% de los votos.

Supervisaron las elecciones 300 observadores internacionales; entre ellos, los ex presidentes Armando Calderón de El Salvador y Jorge Quiroga de Bolivia y el ex embajador de Estados Unidos en Honduras James Creagan.

Se habían acreditado además, 130 periodistas de todo el mundo.

Las hondureñas y los hondureños se han manifestado democráticamente en la fecha convocada con anterioridad y constitucionalmente y han dado su confianza al partido conservador, de la misma forma que en 2005 se la dieron al Liberal. Es la alternancia en el Gobierno que demuestra palpablemente y sin lugar a las dudas que nunca hubo un golpe de estado para derrocar a Zelaya y hacerse con el poder en Honduras, pues el pueblo se lo ha dado al partido opositor de Zelaya y Micheletti; el primero que quiso perpetuarse en la presidencia y el segundo que tuvo que hacerse con las riendas del gobierno al ser destituido Zelaya por el Congreso Nacional.

Lo que ahora toca es que la comunidad internacional deje de interferir en los asuntos internos de Honduras y se ocupe, en todo caso de cooperar con el país y ayudarle a olvidar cuanto antes la crisis provocada por un visionario que se creyó llamado a emular en Centroamérica a Fidel Castro y Hugo Chávez.

¿Nueva Ley Electoral? Ya, ya...

El sistema electoral español tiene 32 años de vida; un mozo hecho y derecho, por lo que a este, no hay ya quien lo cambie.

El Real Decreto Ley de 1977 tenía por objeto regular las primeras elecciones democráticas en España; se aplicó a las elecciones de 1979 pero también a las de 1982. Esa larga provisionalidad animó varias propuestas de reforma, no tan solo de algunos intelectuales sino también de ciertas élites políticas que consideraron que un sistema electoral distinto al que se estaba aplicando de forma provisional, podría mejorar el sistema de representación, la formación de gobierno y el mismo sistema de partidos políticos. Pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) del primer gobierno de Felipe González que sustituyó el Real Decreto de 1977 no aportó a penas modificaciones; el sistema les había proporcionado 201 diputados, la más amplia mayoría desde el franquismo y no era cosa de alterarlo.

Como tantas otras cosas, periódicamente han ido apareciendo propuestas, artículos o comentarios encaminados a propiciar una modificación de la ley electoral, pero no ha pasado, en el mejor de los casos, de invitaciones u ofrecimientos de expertos en la materia o de políticos individuales o partidos que se han sentido víctimas del actual sistema que los ha ignorado, arrinconado o postergado al ostracismo político.

Como dijo Giovanni Sartori en 1994, podemos estar seguros de que cualquier cambio por una reforma es siempre difícil. Una vez un acuerdo electoral está asentado, sus beneficiarios protegen sus intereses creados y tratan por todos los medios de seguir jugando el juego con las reglas que conocen. En todas partes los que pueden cambiar un sistema electoral miran discretamente a su alrededor en busca de modelos externos o solicitan sin convicción el consejo de expertos de su cuerda y al final adoptan el sistema que de acuerdo a su mentalidad perciben como lo mejor que les puede favorecer a sus intereses inmediatos.

Después de los últimos sucesos de imputación de tanto político y parapolítico en supuestos casos de corrupción, sean del partido que sean pero repartiéndose los 730 casos abiertos actualmente por la Fiscalía en proporción directa, prácticamente a la representación parlamentaria de cada uno, en Catalunya han decido los partidos crear la ponencia parlamentaria que va a redactar una nueva ley electoral, que deberá ser aprobada en los próximos meses.

Si no los conociéramos, hasta podríamos llegar a creer en su mejor intención de favorecer un sistema de representación más justo y democrático que limite el poder de los partidos en aras de una mayor transparencia, una mejor formación de gobierno y un mejor funcionamiento de los propios partidos políticos. Pero si echamos un vistazo al informe encargado según el acuerdo del Govern de 27 de marzo de 2007 a un grupo de expertos, las recomendaciones se circunscriben la forma física de votar: por correo, Internet, etc. La publicidad de los procesos por los que los partidos eligen a sus candidatos. Participación equilibrada de mujeres y hombres en cuanto a su número no en cuanto a su capacidad. Las 7 circunscripciones que corresponden a las Vegueries y no a las 4 provincias y diluir la representación de Barcelona aunque tenga las tres cuartas partes de la población de Catalunya. Y mantener la fórmula de Hondt con la barrera mínima del 3% por circunscripción.

En cuanto a la mayor proximidad de los electores a sus representantes, los expertos en su informe sugieren sustituir la lista cerrada por una lista abierta o “desbloqueada” que permita votar la lista entera o dar votos preferentes a algún candidato individual. Elección prioritaria de los candidatos que hayan obtenido un número de votos preferentes superior al 5% de los votos de la candidatura.

Vamos que de lo que se trata no es de listas abiertas sino de la posibilidad de que los electores varíen el orden de los nombres de la lista confeccionada por los propios partidos en cualquier caso.

Resulta muy decepcionante observar cómo para apaciguar el clamor popular por una mayor transparencia y democracia a la hora de elegir a los representantes de la soberanía popular, por los escándalos de corrupción que denuncian fallos estructurales en el sistema político del país, se haga el simulacro de redactar una nueva ley electoral, por mucho que el señor Josep Lluís Carod-Rovira, ya defenestrado de ERC por su correligionarios, afirme sin rubor que si hay corrupción es porque hay empresarios que la propician y la pagan, haciendo ver que no hay políticos con mando en plaza y fundamentalmente en urbanismo que piden dinero a los empresarios para “redistribuir” el beneficio de las promociones inmobiliarias.

Para mitigar tanta corrupción habría que instaurar un sistema de listas abiertas, votación a doble vuelta, limitación de mandatos y una administración pública más profesionalizada con funcionarios de carrera por oposición y menos políticos decidiendo sobre cuestiones que desconocen y tratando de embolsarse en la vida política lo que la vida civil les ha negado por propia incompetencia en la mayoría de los casos.

Sólo así se daría un paso en la dirección adecuada, pues la desafección política que empieza a incomodar a los políticos cuando han de dar la cara ante los electores por tanta malversación de la confianza en ellos depositada y tal vez volviera a subir el porcentaje de votantes, aunque se mantuvieran los votos en blanco.